La senadora Emilia Subiza, del bloque Hechos – UCR Identidad, presentó un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la separación en origen de los residuos sólidos urbanos generados en los edificios de los tres poderes del Estado provincial.
El objetivo es ordenar la gestión de residuos, fomentar el reciclaje y fortalecer el cuidado ambiental dentro de los organismos públicos.
La propuesta alcanza a la Administración Pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos y autónomos, el Poder Legislativo y sus dependencias, el Poder Judicial y sus áreas administrativas y jurisdiccionales, además de empresas y sociedades del Estado provincial y aquellas con participación estatal mayoritaria.
CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto establece que:
- Funcionarios y trabajadores deberán separar los residuos en el lugar donde se generan.
- Los materiales reciclables o reutilizables deberán depositarse en cestos diferenciados según pautas técnicas de la autoridad de aplicación.
- Los organismos deberán contar con Puntos Verdes y Puntos de Acopio Transitorio en sus dependencias.
- Los contratos de limpieza y mantenimiento deberán adaptarse para garantizar la recolección diferenciada.
VINCULACIÓN CON LA ECONOMÍA
La iniciativa obliga a los organismos estatales a suscribir convenios con:
- Cooperativas de recuperadores urbanos.
- Plantas municipales.
- Instituciones civiles cercanas.
De esta manera, los residuos secos reciclables podrán ser retirados y valorizados, promoviendo la economía circular y la inclusión social.
EDUCACIÓN y CONCIENTIZACIÓN
El proyecto contempla una dimensión pedagógica:
- Colocación de cartelería informativa sobre cómo separar residuos y qué materiales son reciclables.
- Capacitación obligatoria para todo el personal estatal en gestión sustentable y separación en origen, alineada con la Ley provincial que regula la instrucción para funcionarios.
ANTECEDENTES NORMATIVOS
La propuesta toma como antecedente el Plan GIRA (Gestión Integral de Residuos de la Administración Pública), establecido por resolución provincial, y busca elevar sus lineamientos al rango de ley para que tengan carácter obligatorio en toda la administración pública.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Ambiente bonaerense, o el organismo que lo reemplace, con facultades para celebrar convenios y coordinar la implementación de la norma.
La iniciativa busca que la separación de residuos deje de depender de acciones aisladas y se convierta en una práctica transversal y obligatoria en todos los organismos estatales bonaerenses.
De aprobarse, marcaría un paso significativo hacia una gestión pública más sustentable, con impacto directo en la reducción de residuos, la promoción del reciclaje y el fortalecimiento de la economía circular en la provincia.
Fuente: Noticias Ambientales
